El padre, la tía y la abuela de Letizia, investigados por un posible delito penal

Teresa Guerra

Si pensabas que el círculo real ya no podía estar involucrado en más escándalos, obviamente estabas equivocado. Letizia volverá estos días a ser punto de polémica por una cuestión de supuestas ilegalidades y procesos judiciales. No se asusten; la futura reina de España no ha hecho nada y no es 'otro Iñaki Urdangarin' -ya era lo que nos faltaba-. Pero su familia, puede que sí.

Ni su elevada edad y estado delicado de salud ni el ser familiar directa de la Princesa de Asturias ha frenado a la Fiscalía del Principado de Asturias. La abuela paterna de Letizia Ortiz, Menchu Álvarez del Valle, ha sido imputada por un posible delito de insolvencia punible: el deber de una persona de responder a una deuda con sus bienes patrimoniales.

El motivo de la acusación

Según consta en la denuncia, la tía de Letizia, Henar Ortiz, regentó una tienda de souvenirs en Cangas de Onís y otra de decoración en Oviedo, contrayendo una deuda de más de 20.000 euros con la denunciante, Sandra Ruiz, quien ha llevado el asunto a los tribunales. El juez abrió una investigación e imputó a la abuela de la Princesa por un posible delito de alzamiento de bienes, según fuentes del Tribunal de Justicia de Asturias, lo que se resume en una ocultación del patrimonio para no hacer frente a la deuda. Y es tienen una casa familiar en Ribadesella.

Jaime Peñafiel adelantó la noticia el pasado domingo en un programa de televisión y varios medios ya se han hecho eco de la información.

Pero además la Fiscalía ha decidido investigar también al padre de Letizia, Jesús Ortiz Álvarez, por sospechar de que haya sido una maniobra de los tres. Él y la tía de Letizia no están imputados ni han sido llamados a declarar, pero sí están siendo investigados. Por otra parte, la citación a la abuela está pendiente de un hilo, ya que Menchu no se encuentra en un buen estado de salud.

El delito de insolvencia punible por el que se le acusa está penado con de uno a cuatro años de cárcel y multas de entre uno y dos años.

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