Las nuevas tasas judiciales, un duro golpe para la mujer maltratada

Enara Rey Parra

Divorciarse será más caro. Las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Gobierno frenarán a muchas mujeres víctimas de violencia de género a la hora de decidir separarse de sus maltratadores. Así lo ha asegurado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán.

"Denunciar ante la policía malos tratos no tiene coste, pero romper el último lazo con el agresor recurriendo al divorcio y repartir los bienes del matrimonio será ahora más caro, y por tanto un obstáculo para que las mujeres víctimas de la violencia sigan adelante con los procesos judiciales", ha alertado Montalbán.

Y es que en unas semanas, un divorcio costará entre 300 euros, en primera instancia y de mutuo acuerdo, y 800 euros en apelación; todo ello si no hay peticiones económicas como pensión o indemnización; en este último caso los costes serían aún mayores.

Las nuevas tasas para los procedimientos judiciales civiles no afectan a aquellas personas cuyos ingresos mensuales no superan los 1.500 euros por unidad familiar, ya que siguen teniendo acceso gratuito a la justicia, pero muchas personas quedan fuera de este baremo y por tanto, tendrán que adelantar las costas judiciales si quieren divorciarse, hacer una liquidación de bienes gananciales o interponer una petición de pensión compensatoria.

Las mujeres maltratadas se topan también con otro nuevo obstáculo, ya que la reforma del Código penal aprobada por el Gobierno elimina la falta de vejación injusta. La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica ha alertado de que quedan ahora impunes los "primeros eslabones en la cadena del maltrato". Agresiones verbales como "Cállate, tú no vales nada", ó "No salgas con tu familia", o "No te mereces tal cosa", saldrán impunes.

Tasas judiciales para todos

El caso de las mujeres que sufren violencia machista es el más alarmante, pero no son las únicas que tendrán que hacer frente a las nuevas tasas. Todos los ciudadanos que quieran acudir a la justicia por la vía civil se encontrarán en breve con que tienen que abonar diferentes cantidades económicas.

En caso de que un consumidor, por ejemplo, pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De esta forma, quien quiera reclamar en los Tribunales una multa de 150 euros, tendrá que pagar 200 euros por la reclamación. Un nuevo escenario judicial que, sin duda, frenará el acceso de la ciudadanía a la justicia.

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